Democracia S.A.

Francisco J. Salinas

Los ex líderes estudiantiles anunciaron que su intención de llegar al Congreso tenía como objetivo “profundizar la democracia”, lo que en la práctica significa eliminar los derechos de la minoría.

El que gana por un voto le puede pasar la aplanadora al otro y decirle cómo debe vivir su vida, desde el kinder obligatorio hasta la eutanasia irrenunciable.

Algunos analistas afirman que el objetivo de los ex estudiantes no es democrático, porque atenta contra la libertad de las personas, pero sí lo es, ya que democracia y libertad no son sinónimos sino todo lo contrario.

Las democracias no nacen para proteger la libertad. El derecho que buscaban defender los partidarios de la democracia era el de igualdad ante la ley. La monarquía fue criticada por ser incompatible con el principio básico de “igualdad ante la ley”. Se creía que la democracia sería la solución al permitir la participación y la libre entrada al Estado a todas las personas en igualdad de condiciones; la igualdad ante la ley sería realidad y reinaría la verdadera libertad, “pero todo esto es una gran equivocación” dice el filósofo Hans-Hermann Hoppe.

Hoppe sostiene que la igualdad ante la ley en democracia, se desmorona por las funciones privilegiadas de los funcionarios públicos. Cuando estos están autorizados a financiar o subvencionar sus actividades privadas por medio de impuestos, significa que pueden vivir a costa de lo que entre sujetos de derecho privado está prohibido y se considera robo y expoliación. “Así que el privilegio y la discriminación legal – y la distinción entre gobernantes y súbditos – no desaparecen en la democracia”, sentencia.

Un ejemplo de la teoría de Hoppe es la llamada “ley del lobby” que regula “intereses particulares”. Sin embargo, basta sintonizar el canal del Congreso para ver a funcionarios públicos haciendo lobby en las comisiones legislativas; pero ese lobby está exento de regulaciones porque los funcionarios públicos y los parlamentarios no tienen intereses particulares, según la definición que ellos usan para describir sus cargos. Pero aunque se hagan llamar “servidores públicos”, se guían – al igual que el resto de nosotros – por su propio interés.

Según lo anterior, la única manera que tienen los individuos que viven del Estado para no ser tratados como el resto, es aprobar leyes que creen la ilusión que lo “público y lo privado” son cosas totalmente distintas.

Así lo cree el diputado electo por Magallanes y ex líder estudiantil, Gabriel Boric, quien en una entrevista a The Clinic dijo ser “partidario de eliminar el lucro en la salud” ya que no concibe “que con derechos fundamentales -como lo son la salud y la educación- se haga negocios, y menos que sea con recursos públicos”.

Sin embargo, Boric no tiene ninguna objeción a que los parlamentarios financien sus actividades privadas con lo que él llama “recursos públicos”, y tampoco se opone a que los ejecutivos y trabajadores de la Enap financien sus actividades privadas, o “lucren”, con las ventas que genera aquel monopolio estatal y que además transfieran los costos al “público”, de no ser así, los bancos ya habrían pedido la quiebra.

Otro gol que nos pasaron los políticos es desviar nuestra atención de la desigualdad ante la ley, en la que nosotros somos víctimas y ellos victimarios, hacia la “desigualdad económica y social”. No existe —casi— ningún político en Chile que no hable de solucionar el gran problema de la desigualdad económica y social, pero ellos no están dispuestos a sacrificar voluntariamente ninguno de sus privilegios, al revés, dan la vida por un cupo protegido y no trepidan en votar a favor de mayores rentas para ellos, a costa de los que “lucran”